Tras un intenso debate, el pleno de la Corte Suprema se mostró por primera vez partidario de eliminar la figura de los abogados integrantes, quienes cumplen la función de reemplazar a los ministros del máximo tribunal y de las Cortes de Apelaciones cuando éstos no pueden asistir a las salas para revisar causas.
La idea es tener ministros suplentes, tal como los hay en el Tribunal Constitucional (TC), y eliminar el cargo de fiscales judiciales para que se conviertan en magistrados de los tribunales de alzada. La fiscal judicial de la Suprema, Mónica Maldonado -hoy a cargo de los 34 fiscales del país-, se integrará como ministra del máximo tribunal.
Estas fueron algunas de las conclusiones de las jornadas de reflexión de la Corte Suprema, iniciadas el 22 de octubre y que culminaron ayer.
El presidente del máximo tribunal, Milton Juica; el vocero Nibaldo Segura, la ministra Margarita Herreros y el ministro Sergio Muñoz destacaron el aporte realizado por los fiscales judiciales y los abogados integrantes. Pero estimaron necesario "abolir ambas instituciones, pasando los primeros, de pleno derecho, a desempeñarse como ministros de Corte, lo cual producirá un mejoramiento en la gestión de estos tribunales", según dijeron.
Respaldaron en gran parte el proyecto enviado por el Ejecutivo. Sin embargo, difieren de la idea de que los ministros suplentes sean externos al Poder Judicial, y proponen que sean nombrados por la Corte Suprema entre jueces sobresalientes. En reemplazos de Supremos, por períodos de más de 15 días, se plantea designar a ministros de cualquier zona del país, y si es menos, a ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago.
''Estamos de acuerdo con eliminar a los abogados integrantes (...) pero no con personas ajenas al Poder Judicial que van a tener también incompatibilidad".
MILTON JUICA, Presidente de la Corte Suprema y profesor Derecho procesal Unab.
Datos claves
- 95 son los abogados integrantes de las Cortes del país. En la Suprema son doce.
- 12 años de ejercicio se les pide. Duran 3 años y ganan entre $220 mil y $153 mil por día.
El gran problema que han tenido algunos de los abogados integrantes es no inhabilitarse en la vista de causas, pese a tener un vínculo con alguna de las partes, lo que ha provocado que éstas hayan tenido que ser anuladas por la Corte Suprema. Por esta razón, en los últimos años se ha intentado poner fin a esta figura a través de distintos proyectos de ley argumentando la idea de dar más garantías a las partes y de imparcialidad, ya que algunos de ellos se han desempeñado en cargos políticos y ejercen la profesión.
En el 2005 la Suprema se opuso a un proyecto de ley del Ejecutivo que terminaba con los abogados integrantes por su colaboración en la administración de justicia. En 2007 ingresó otra iniciativa que fue archivada, de los senadores de la UDI Evelyn Matthei y Víctor Pérez, en la que proponían que no ejercieran este cargo ex funcionarios de confianza del Presidente.
FUENTE: elmercurio.com
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