En medio de las críticas y un rechazo del 98 % de los usuarios españoles de Internet según el sitio facua.org el Consejo de Ministro ha aprobado este viernes en Sevilla el envió al Congreso la “Ley Sinde” que prevé el cierre de webs con descargas ilegales
Las medidas contra la piratería en Internet, incluidas dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible, han sido aprobadas sin modificaciones sustanciales con respecto al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de enero. El texto de la disposición no se conocerá, sin embargo, hasta que sea remitido al Congreso.
¿En que consiste la Ley Sinde?
Hasta ahora, el procedimiento para perseguir los delitos relacionados con la propiedad intelectual consistía en denunciar una página al juzgado y esperar a que el magistrado emitiera una sentencia condenatoria ajustada a derecho. Esto representa lo habitual y deseable en cualquier Estado de derecho regido por el imperio de la ley. Sin embargo, los jueces han sentenciado muchas veces que las webs de enlaces no son ilegales y que no vulneran ningún mandamiento legal referido a los derechos de autor. Sus enlaces son meros datos que indican donde encontrar una obra pero ellos mismos no la contienen ni suponen difusión pública de dicha obra. Tras unos 40 casos de denuncias fallidas por parte de las asociaciones pro-derechos de autor, y viendo que el poder judicial da la razón a los internautas, decidieron presionar al gobierno para sortear a los jueces y diseñar una nueva estrategia que les permita cerrar páginas a su libre albedrío sin contar más que con su propia decisión arbitraria.
Esta polémica de ley ha recibido críticas por parte de especialistas como las del abogado español Carlos Sánchez Almeida, ya que según el letrado su principal aprehensión se basa desde el punto de vista jurídico es el establecimiento de un órgano que, al margen de jueces y tribunales,
"tenga competencia en el ámbito de restricción de servicios de Internet". Es decir, sería el propio Ministerio de Cultura, a través de un organismo creado para tal efecto llamada Comisión de Propiedad de Intelectual, el que decidiría el cese de actividad de una página sin necesidad de una orden judicial. Según Sánchez, "una auténtica censura administrativa".
También hay opiniones disidentes provenientes de el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno no ha tenido en cuenta la "
importante carga de trabajo" adicional que supondría para los juzgados afectados atajar las descargas ilegales en la Red. La Fiscalía General del Estado califica de "dudoso" que la protección intelectual deba ponerse a la misma altura que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Critica, asimismo, que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual al mismo nivel que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia.
Se suman a las críticas con la publicación del dictamen elaborado el Consejo de Estado sobre la Ley de Economía Sostenible (LES) critica el canon por copia privada y, además, pide fomentar una oferta de descargas legales y reclama mayor transparencia a las entidades de gestión. El Consejo reconoce la dificultad de congeniar Internet y los derechos de autor y propone una serie de acciones para mejorar esa relación. Por un lado, opina que tendrían un impacto positivo "medidas encaminadas al fomento de las descargas lícitas de contenidos protegidos". En cuanto a las entidades de gestión, el dictamen dice que deberían establecerse medidas para aumentar su transparencia.
En nuestro país tampoco este tema “ha navegado en aguas pacíficas” prueba de ello es la polémica que ha generado la discusión parlamentaria del proyecto de modificación de la ley de propiedad intelectual, que por primera vez en Chile ha pretendido establecer normas especiales para los proveedores de Internet en materia de derechos de autor, tema que está lejos de terminar.
Volviendo a España, la sociedad civil se ha organizado, y los principales actores de la web 2.0 han reaccionando creando un
manifiesto en la defensa de los derechos fundamentales en Internet, al ver amenazado dichos derechos con la promulgación de la nueva ley.
